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La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia acelerar la expedición del decreto de permitirá las detenciones domiciliarias de los internos, con mayor favorabilidad y cobertura que el actual Código de Procedimiento Penal.
La cárcel de Villavicencio se convirtió en la primera que, a nivel nacional, registró tres casos de coronavirus, dos de ellos fallecieron mientras que otro interno permanece hospitalizado.
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Posteriormente, se conoció que también en la cárcel Distrital, el comandante de Guardia fue diagnosticado con la COVID–19 y que 13 de sus compañeros están recibiendo atención médica y en aislamiento.
Debido a esto, la Defensoría del Pueblo ratificó el apoyo al Ministerio de Justicia para que se emita el decreto que permitiría frenar el contagio entre miles de internos y oficiales de guardia de las 132 cárceles de Colombia.
“En el marco de la emergencia nacional, derivada por el coronavirus, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad al interior de los distintos centros de reclusión del país”, apartes del comunicado.
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También recordó que desde el pasado 23 marzo, se convocó al Gobierno para que, en el marco de la emergencia carcelaria, se tomaran medidas que garantizar la vida de las personas privadas de la libertad.
“Para que la emergencia carcelaria sea el inicio para superar el Estado de cosas inconstitucionales, al interior de los establecimientos penitenciario, y así como apoyó las medidas excepciones de política criminal, consideró que no son suficientes y deben aprovecharse con visión no se transitoriedad, sino de permanencia”, indicó.
También mencionó la Defensoría la importancia de tener en cuenta a los detenidos que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de policía donde “el Estado de cosas inconstitucionales es peor que en los establecimientos penitenciarios”.
Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), informó que se instalará hoy una carpa medicalizada, en la cárcel de Villavicencio, y que ocurrirá igual con los principales establecimientos del país.
