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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a que se revaluee riesgo sobre retiro de esquemas de seguridad a exmandatarios territoriales.
La petición se realizó con base en las recientes quejas presentadas a la entidad por exservidores públicos que, dados los contextos actuales y las labores que venían desarrollando en sus regiones, argumentan que sus derechos a la vida, integridad y seguridad corren peligro.
Además, se pidió que mientras surgen los procesos de revaluación de los riesgos la UNP mantener las medidas implementadas, porque lo más importante es proteger los derechos a la vida e integridad de quienes son intimidados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
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“Con gran preocupación vemos el levantamiento de numerosos esquemas de protección de exfuncionarios que, en su servicio al país, han tomado valientes decisiones en la lucha contra la criminalidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Al dejarlos sin seguridad, el Estado vulnera su obligación de garantía de los derechos humanos, que hace parte de las convenciones internacionales en la materia y está consagrada en la Constitución”, afirmó el defensor Camargo.
De igual manera, indicó que es crucial la revisión de los procedimientos caso a caso y su debido ajuste, según la persistencia del riesgo, las amenazas de las que están siendo objeto y la vulnerabilidad en la que ahora mismo se encuentran.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ningún procedimientos pueden privilegiarse sobre la necesaria protección de la vida de quienes han trabajado en el servicio público, "exponiendo su vida en defensa de los valores democráticos".
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Cabe mencionar que, en el desarrollo de los comités de protección, la Defensoría, en calidad de miembro permanente, ha sugerido a sus integrantes elevar la valoración del nivel de riesgo de algunas de las personas amenazadas a ‘extraordinario’ e incluso, en algunos casos, a ‘extremo’.
