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La Defensoría del Pueblo presentó un informe de la libre competencia y su impacto en los derechos ciudadanos, en el que se detallan los derechos colectivos y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia, ya que está íntimamente ligado al desarrollo social y económico del país, así como a la protección de los derechos de los consumidores, proveedores, productores y de las empresas, por su aporte al bienestar de las personas.
De igual manera, se resalta la relevancia y el impacto al ser vulnerados afectando los bienes esenciales del ser humano, como los derechos a la vida, la integridad, la salud y la educación.
Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el documento aporta al debate sobre lo significativo que es garantizar y respetar la libre competencia, ya que el informe se centra en analizarla cómo un derecho colectivo afecta o es útil en la sociedad.
Además de que explora su fundamento en el marco constitucional colombiano y la economía social de mercado.
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En el documento también se indica que ese derecho colectivo, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, encuentra origen en la Constitución de Colombia, en su artículo 333, y a través del bloque de constitucionalidad, que está vinculado a la libertad de empresa y emerge como un factor determinante con impactos significativos en la vida de los habitantes del territorio nacional.
Por tal razón, ponerle restricciones y trabas se puede convertir en una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales y el entorno de vida de las personas.
Para el defensor este debate es primordial ya que “presta especial atención al examen de su relevancia colectiva, más allá de las prácticas restrictivas a la competencia".
Así mismo, destaca la importancia de abordar la competencia desleal para prevenir posibles perjuicios colectivos, por ende, la afectación de los derechos democráticos.
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"Un derecho que pertenece a todos y cuya amenaza o vulneración puede afectar bienes esenciales de las personas, es esencial reconocer que su garantía cobra mayor relevancia cuando se trata de bienes y servicios vinculados al bienestar ciudadano”, expresó el defensor.
Desde la entidad, se invita a los colombianos a leer y apropiar el informe, en el que encontrarán una perspectiva enriquecedora que fomenta la comprensión crítica de la interrelación entre la libre competencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
