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La delegada para los Derechos Colectivos y el Medio Ambiente elaboró un estudio focalizado en ocho proyectos de generación, ubicados en siete departamentos del país.
Se trata de los complejos de Betania, Chivor y El Guavio, los cuales tienen diez años de funcionamiento con base en las variables de operador, tiempo de operación y localización, así como Porce III, Amoyá, La Esperanza, Sogamoso y El Quimbo (con menos de diez años), al igual que Ituango (el cual se encuentra en etapa de construcción).
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Defensoría son las repetitivas modificaciones a las licencias ambientales y a los planes de manejo ambiental que registran las hidroeléctricas. La que más reportes acumula es El Quimbo, con un récord de 117 modificaciones, Amoyá con 14, Ituango (que pese a estar en alistamiento y tener una influencia sobre 11 municipios de Antioquia) completa 13 modificaciones, Porce III con 11 novedades, Betania con diez y Sogamoso con nueve en total.
El informe de la Defensoría del Pueblo advierte falta de planificación y vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades, puesto que en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado, ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la Ley.
A partir de estos hallazgos, la Defensoría planteó 14 recomendaciones a ocho instituciones del Estado, incluidos los Ministerios de Minas y Energía, y Medio Ambiente, a la vez que solicitó el concurso de la Contraloría General de la República para revisar la destinación de los recursos que van a las Alcaldías y a las Corporaciones Autónomas Regionales.
La capacidad estimada de generación de las hidroeléctricas objeto del estudio, es la siguiente: Ituango (2.400 megavatios- MW), El Guavio (1.213 MW), Chivor (1.000 MW), Sogamoso (820 MW), Porce III (660 MW), Betania (540 MW), El Quimbo (400 MW) y Amoyá (80 MW).
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