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La juez 31 penal del Circuito de Bogotá dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión que resuelva el posible conflicto de intereses que se estaría generando en el proceso contra varios empresarios implicados en el escándalo de Reficar.
Esta determinación se adoptó luego de que la defensa de los acusados manifestara que el proceso se debe realizar en Cartagena y no en Bogotá, ya que allí queda la refinería, con lo cual dejó abierto un posible conflicto por competencia territorial.
Los siete empresarios implicados son Felipe Laverde Concha, Reyes Reinoso Yáñez, expresidente de Reficar en 2013, y Massoud Deihdeban. Éste último fue requerido en su momento por las autoridades en los Estados Unidos, mediante circular azul de la Interpol.
El ente investigador en el proceso revisa las actuaciones de Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009; Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva, exmiembros de la mesa directiva de de la refinería.
El organismo les había imputado en anteriores audiencias los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento.
