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La Corte Constitucional le dio un duro golpe al gobierno Santos tras haber determinado que en 20 departamentos del país no se podrán adelantar proyectos mineros debido a que, en las concesiones que inicialmente dio el Gobierno en estas zonas del país, no se adelantaron consultas previas con las comunidades.
Con esta decisión, la Corte deja sin efecto dos resoluciones en las que se fijaban áreas especificas para hacer explotación minera.
El Gobierno, en el marco de su plan de desarrollo, tenía como bandera aprovechar zonas ricas en recursos naturales y otorgar a varias empresas concesiones mineras.
Cabe recordar que después de que 17 comunidades indígenas y negras se unieran para interponer el recurso en contra de esta decisión, argumentando que nunca les adelantaron consultas, el Consejo de Estado no les dio la razón. Sin embargo, la Corte Constitucional asumió el estudio de esta demanda y les dio la razón, desvirtuando la decisión del Consejo de Estado.
La decisión de la Corte Constitucional deja sin piso los actos administrativos establecidos por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera, quienes habían otorgado concesiones mineras en Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
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