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Por considerar que se constituye en una estigmatización el hecho de que se prive de otorgamiento de becas a personas que tienen antecedentes penales o disciplinarios, la Corte Constitucional declaró inexequible algunos apartes del artículo 4 de la ley 1678 el cual reza que se deben otorgar becas solo al 0.1% de los mejores profesionales graduados en instituciones de educación superior públicas y privadas del país.
Según la Corte, el hecho de que, dentro de ese 0.1% no se contemple que personas con antecedentes penales también puedan acceder a estas becas, les cierra las puertas no solo a tener incentivos académicos (así hayan obtenido un alto puntaje para aplicar a las mismas), sino que les quita la posibilidad de querer mejorar su calidad de vida a través de un estudio superior.
Trascendió en la Corte que, a pesar de que la persona haya tenido antecedentes penales, esto no compite con el hecho de que el aspirante tenga las cualidades y los méritos necesarios para obtener una beca y querer desarrollar investigaciones en el área de su interés. Además señala que el privar a estos candidatos de su aspiración de obtener un estudio financiado, los restringe de plano de una posibilidad laboral a futuro y le obstaculiza su futuro profesional.
Según el alto tribunal “es posible que el Congreso o el Gobierno favorezcan a un grupo de personas otorgándoles becas de posgrado de acuerdo al mérito académico o profesional que hayan demostrado, siempre que lo hagan dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad”, reza la sentencia.
Por lo anterior la Corte decidió tumbar la prohibición que excluye a quienes tienen o han tenido antecedentes penales de aplicar a una beca estudiantil.
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