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En el marco de las recientes derrotas que han sufrido iniciativas del gobierno nacional en la Corte Constitucional, La FM ha conocido en primicia que la corporación acaba de aprobar el estudio de dos demandas que pretenden tumbar toda la polémica 'Ley Tic'.
El alto tribunal estudiará si tumba o no todo su articulado, pero no por los fuertes argumentos que presentaron sus demandantes, entre los que se encuentran el director de la FLIP, Pedro Vaca, y el reconocido periodista Santiago Rivas.
La Corte estudiará las demandas acumuladas contra toda la 'Ley TIC' principalmente por vicios de trámite. Concretamente porque la Ley habría debido tramitarse como estatutaria y no como ordinaria, como quiera que su articulado tocaba asuntos relacionados con derechos fundamentales como la libertad de expresión e información.
Pero los vicios de fondo presentados en las dos demandas no convencieron a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien tomó la decisión de aceptar su estudio. De hecho, la magistrada no acogió una serie de señalamientos que hicieron los demandantes, dice ella sin fundamento jurídico, sobre el presunto "control absoluto" con el que quedaría el gobierno nacional en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en la asignación de las frecuencias de televisión.
"No resulta certero afirmar que tales artículos le reconozcan una facultad al Ejecutivo que vaya en desmedro de la objetividad, del pluralismo informativo y/o del balance de los poderes públicos. Para el despacho, los referidos cargos no se fundan en argumentos que refieran a situaciones fácticas sino en especulaciones fundadas en presunciones sin sustento objetivo", advierte un auto suscrito por la magistrada Cristina Pardo.
Pese al rechazo de los principales cargos por parte de la magistrada, todavía le queda una oportunidad, o una luz, a los demandantes. Ya presentaron un recurso de súplica con el que pretenden que la Corte acepte los cargos rechazados por la magistrada Pardo.
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Consideran en el recurso que la magistrada prejuzgó, es decir, se anticipó a hacer un análisis constitucional de los cargos, de manera muy apresurada. Y cuestionan, particularmente, que la magistrada Pardo remitiera a los tribunales administrativos a los demandantes en caso de que encuentren que hay sesgo político en la elección de los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
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"La Corte admite que si la composición de la CRC resulta cooptada por el Ejecutivo, lo que deben hacer los suscritos es demandar dichos actos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (...) Si la Corte admite la existencia de ese riesgo, ¿cómo es posible que se niegue a su estudio?", sentencia el recurso.
