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De acuerdo con el documento del alto tribunal, es necesario que el Gobierno explique la celeridad de adoptar este Decreto con fuerza de Ley expedido por el presidente de la República para la implementación de los acuerdos de paz suscritos con las Farc.
También la forma en la que van a conseguir recursos para pagarles este tipo de incentivos, a quienes están en estos territorios y el tiempo para que protejan estas áreas como parte de los compromisos adquiridos tras la firma de la paz.
“¿De qué forma el pago de servicios ambientales y los otros incentivos que fueron fijados en el Decreto 870 de 2017, constituyen medidas para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real?”, señala el documento.
Para la Corte Constitucional también es de importancia conocer si el Gobierno tiene un informe que identifique ‘áreas y ecosistemas estratégicos’ en los cuales se deban focalizar el incentivo de pago de servicios ambientales.
Cuestionó el alto tribunal si dentro de los acuerdos de paz, se fijaron parámetros de dos años para realizar este tipo de planes porqué se necesita tal celeridad y si “¿en la actualidad se encuentra diseñado el Programa Nacional de pago por servicios Ambientales?” y en caso de existirlo conocer los lineamientos que tiene.
El cuestionario lo envió la Corte a través de la magistrada Diana Fajardo quien tiene en su despacho el control automático de este Decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos, dentro de las facultades especiales que les fueron otorgadas tras la implementación de los acuerdos.
