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Con dos funcionarios asignados por la Corte Constitucional, se le hará seguimiento a las estrategias que ha implementado el Gobierno para asistir a los desplazados de los departamentos de Guaviare y Antioquia.
El alto tribunal indicó que requiere información precisa para determinar si el Gobierno ha cumplido con lo establecido por la Corte en cuanto al mandato de atender las necesidades de la población desplazada de esas dos regiones del país.
Cabe recordar que a través de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales que ordenó la Corte en cuanto desplazamiento forzado, el alto tribunal ya había señalado en el año 2004 que este flagelo era una clara violación a los derechos humanos.
Así pues, el alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional, tomar medidas inmediatas frente a los miles de campesinos que fueron despojados de sus tierras por cuenta de la violencia impuesta por grupos al margen de la ley.
