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El alto tribunal que tiene en sus manos el control de constitucionalidad de dicho decreto, expidió un documento en el cual requiere el concepto de la Presidencia de la República, al ministerio del Interior, de Hacienda, a la UNP, al ministerio del Posconflicto y a la Defensoría del Pueblo entre otras autoridades.
El decreto que está estudiando la Corte Constitucional es el 298 del 23 de febrero de 2017, el cual se modifica la estructura de la UNP, ampliación de personal, capacidad presupuestal y la creación de más de 1.200 cargos.
“En el presente caso resulta necesario decretar algunas pruebas con el fin de determinar la conexidad del decreto ley bajo control respecto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 24 de noviembre de 2016 y la necesidad, urgencia y justificación de las medidas adoptadas respecto del cumplimiento de dicho acuerdo”, señala el documento.
De igual forma la Corte Constitucional, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación, su concepto en un término de 10 días, tiempo en el cual, también podrá participar la intervención de la ciudadanía sobre este decreto.
Sobre este proceso, el alto tribunal con ponencia del magistrado Alejandro Linares, requirió la participación de organizaciones no gubernamentales como de Justicia, y distintas facultades de derecho del país.
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