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La Corte Constitucional, a través del magistrado Alejandro Linares, envió un documento en el cual pone en conocimiento del Decreto relacionado con la disposición e inventario de los bienes de la Farc tras la implementación de los acuerdos de paz.
La necesidad de expedir este Decreto por parte del presidente Juan Manuel Santos con mensaje de urgencia, es para que los bienes que sean inventariados de ese grupo guerrillero sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
El control y verificación por parte de las autoridades competentes para garantizar que dichos inventarios estén acordes con los compromisos que fueron adquiridos tras la firma entre el Gobierno y las Farc.
De igual forma, la Corte Constitucional le solicitó al Fiscal General Néstor Humberto Martínez que explique los cuestionamientos que hizo alrededor del Decreto Ley 903 de 2017, por medio del cual se fijaron los lineamientos para realizar el inventario de los bienes y activos de la guerrilla de las Farc.
Este documento expedido por el alto tribunal dentro del control automático a las normas expedidas en el marco de las facultades especiales que tiene el presidente Juan Manuel Santos tras la implementación de los acuerdos fueron formulados interrogantes relacionados los mecanismos jurídicos para que los bienes de las Farc sean aportados al fondo de víctimas.
La Corte preguntó frente a la exactitud de los inventarios “¿Cuál es el trámite a seguir si las Farc no declaran la totalidad de sus bienes?”.
En este documento la Corte Constitucional le dio traslado al procurador General, Fernando Carrillo para que emita su concepto y para el cual tendrá 10 días, el mismo tiempo que tendrá la ciudadanía para hacer observaciones a este Decreto.
De igual forma la Corte Constitucional extendió su invitación para que rindan su concepto, los ministerios de Hacienda, del Interior, Ministro Consejero para el Posconflicto, al Alto Comisionado para la Paz, los representantes del Congreso de la República del Movimiento Voces de Paz, la ONG De Justicia y varias facultades de Derecho de distintas universidades del país.
