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La Contraloría General de la República reveló que en la investigación que se lleva a cabo dentro de la Unidad de Regalías, se declararon 14 hallazgos administrativos en la Gobernación de Córdoba, ocho de ellos con presunta connotación fiscal por $69.507 millones.
Durante la investigación se revisaron los proyectos más cuantiosos suscritos por la Gobernación de Córdoba entre los años 2013 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías, entre los que se destaca el presunto hallazgo por $45.083 millones que involucraría a los tres últimos gobernadores.
Para la Contraloría General, el proyecto en el que se encuentran vinculados los exgobernadores Alejandro José Lyons, Edwin José Besaile y la actual Gobernadora (e), Sandra Patricia Devia, corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del río Sinú.
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El ente investigador señaló que para este proyecto de ciencia y tecnología se pagaron unos $29.000 millones a pesar de que no fue ejecutado y donde apenas se han recuperado algo más de $4.000 millones.
“Por este mismo caso, la Contraloría adelanta desde julio de 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por una cuantía de $4.050 millones contra los exgobernadores de Córdoba", señaló.
El ente de control sumará el nuevo hallazgo fiscal por $45.083 millones a ese proceso de responsabilidad fiscal en curso, vinculando estos nuevos recursos y a los presuntos responsables por omisión en la recuperación de los dineros pagados.
Sin embargo, para la Contraloría General este no fue el único caso donde pudieron haberse desviado recursos del Estado. Dentro la misma investigación se menciona un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y Democrática en ciencia, tecnología”, que contó con la cooperación de la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN).
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El organismo de control encontró otras inconsistencias en la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra.
“En ambos casos se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra que impiden cumplir plenamente su finalidad, además del pago de valores diferentes a lo contratado y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones”, añadió la Contraloría.
Finalmente, el ente de control develó otro hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones correspondientes a un proyecto cacaotero fallido, aduciendo fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.
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