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La Contraloría General de la República informó que con el objetivo de que el proyecto Hidroituango logre prender sus dos primeras turbinas de generación de energía en los próximos meses, el contralor Felipe Córdoba estará este jueves 10 de febrero en la obra.
El funcionario encabezará la reunión de instalación del seguimiento permanente que hará esa entidad a la inversión de los recursos que recibió Empresas Públicas de Medellín (EPM) de las aseguradoras, que afianzaron el proyecto y a sus directivos para reparar integralmente el daño patrimonial por $4,3 billones que se había declarado en el fallo de responsabilidad fiscal de septiembre del 2021.
“Vamos a hacer un seguimiento permanente a la inversión de estos recursos monetarios para verificar que sean ejecutados de forma adecuada y oportuna, y con pleno cumplimiento del cronograma que EPM ha establecido, para que en julio y noviembre de este año se inicie la generación de energía de las dos primeras turbinas de este importante proyecto hidroeléctrico”, aseguró Córdoba.
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En la visita de inspección también asistirán el vicecontralor, Julián Mauricio Ruíz Rodríguez, la directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), María Fernanda Rangel Esparza, el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez y el contralor delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez.
Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre de 2021, la Aseguradora Mapfre llegó a un acuerdo de transacción con EPM en el cual se incluyó el monto determinado en el proceso de responsabilidad fiscal como daño.
La compañía realizó el último pago el 25 de enero de 2022 por la suma de US$633,8 millones. Ya había dado otros US$350 millones a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018, con cual completó US$983,8 millones de la indemnización.
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Asimismo, desde diciembre de 2021 las aseguradoras Axxa Colpatria, SBS y Suramericana, realizaron el pago de las indemnizaciones correspondientes a las pólizas que afianzaban a los directivos del proyecto.
“Una vez que EPM certificó el pago total de las indemnizaciones, la Contraloría declaró resarcido integralmente el daño patrimonial de $4,3 billones, que había determinado en su fallo fiscal de segunda instancia sobre el caso Hidroituango”, concluyó el contralor.
