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La Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por más de $27.000 millones, a las pasadas gobernaciones de Caquetá y Bolívar, por casos como el del 'cartel de la hemofilia' e irregularidades en tratamientos de dolencias como el mal de Von Willebrand.
Según el organismo de control, se evidenciaron pagos sin verificar e inconsistencias en la veracidad de las fórmulas e historias clínicas, aportadas como soporte de las facturas.
El informe da cuenta de que las administraciones anteriores de las Gobernaciones de los mencionados departamentos, efectuaron pagos irregulares a favor de IPS, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en su componente de Salud.
En el caso de Caquetá, fueron auditados contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas SUIPHAR DE COLOMBIA S.A., y con DISTRIMEDICAL’S S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand.
"Los contratos se suscribieron por la suma total de $7.433 millones, pero con destino a la atención de cinco usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos".
Por este caso, la Contraloría llamó a responder al entonces Gobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial, al Secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.
Bolívar
En este departamento también operó el cartel de la hemofilia. Por tanto, se abrió igualmente un proceso de responsabilidad fiscal, al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos por más $20.000 millones.
Se trató de una supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.
Por este caso, la Contraloría General de la República llamó a responder en calidad de presuntos responsables al ex Gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, quien en su calidad de representante legal del ente territorial es quien fungía como ordenador del gasto, así como a las mencionadas IPS beneficiarias de los pagos y sus representantes legales.
