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Desde Medellín, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, fueron enfáticos al rechazar la decisión del Gobierno Nacional de no seguir financiando la realización de las consultas populares que han frenado las actividades mineras en distintos municipios del país con el argumento de proteger los recursos naturales y la seguridad de sus habitantes.
Para el contralor general, el Gobierno no puede descentralizar la financiación de las consultas, que normalmente eran avaladas por la Registraduría. Manifestó su preocupación ante la posibilidad de que cada municipio o comunidad tenga que recoger dineros para pagar la realización de esas jornadas democráticas.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que la decisión del Gobierno es una medida "horrorosa contra la democracia" que violenta el derecho de las comunidades a pronunciarse contra una actividad tan crucial como la explotación de minerales. Aseguró que con esto el Gobierno revive el "monstruo de la centralización".
En el caso de Antioquia, el próximo año se podrían realizar consultas populares para prohibir la minería en los municipios de Concordia y Salgar, en el suroeste del departamento, misma región donde 5 municipios ya prohibieron las explotaciones pero a través de acuerdos en los concejos municipales.
Esa región de la Cuenca del Sinifaná es rica en carbón y oro, pero se podría convertir en la primera zona del país que prohíbe la minería en bloque regional. El Ministerio de Minas ya había advertido que demandará los acuerdos de los concejales que prohibieron las extracciones de metales.
El contralor Maya denunció que aunque la minería está arrasando distintas regiones de la geografía nacional, no hay una respuesta institucional efectiva. Así mismo, señaló que el Plan de Desarrollo Ambiental, conocido como "Crecimiento Verde", solo se quedó en buenas intenciones y anuncios que no cumplieron las metas fijadas.
Otra de las críticas del contralor general de la República involucra el funcionamiento de la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las cuales propuso someter a "cirugía legislativa", ya que no estarían cumpliendo con su labor ambiental en las regiones.
Maya Villazón cuestionó la supuesta "autonomía" de las corporaciones regionales, pues aseguró que terminan siendo "anárquicas". Denunció que las CAR solo están ejecutando el 43 por ciento de los recursos asignados, demostrando la falta de liderazgo para proteger los recursos naturales.
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