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La sección quinta del Consejo de Estado frenó la consulta minera en El Peñón- Santander, que tenía como objetivo consultar a los habitantes si estaban de acuerdo o no con la explotación de minas.
Al estudiar una tutela presentada por el Ministerio de Minas, el alto tribunal señaló que el Gobierno no fue tenido en cuenta a la hora de establecer la pregunta de la aplazada consulta popular.
Al mismo tiempo la Corte resaltó que las preguntas sobre consultas populares no deben inducir al lector a la hora de responder.
“El texto de la pregunta de una consulta popular no debe contener notas introductorias que, lejos de orientar al elector, le induzcan su respuesta”.
En sentencia del 16 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander había declarado constitucional el texto de la pregunta para elevar la consulta popular.
“Agregó que mediante la consulta popular podían tomarse decisiones en relación con actividades mineras porque, indefectiblemente, tienen la potencialidad de afectar el medio ambiente, el suelo y subsuelo de los territorios, otras industrias productivas, el orden público y las condiciones de vida y seguridad de sus habitantes”, se subraya en la sentencia.
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