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En un fallo de segunda instancia los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitieron sentencia condenatoria contra el Estado por la omisión de las diferentes entidades en relación con la tragedia que se registró el 31 de marzo de 2017 en Mocoa (Putumayo).
De acuerdo con los magistrados que estudiaron este caso, los representantes de los organismos del Estado no emplearon las medidas necesarias para enfrentar el riesgo de una avalancha como la ocurrida en Mocoa.
En desarrollo del trámite judicial se logró establecer que esta emergencia había sido advertida al punto que se formularon denuncias por diferentes líderes de la zona y políticos como el congresista Orlando Guerra de la Rosa, durante los años 2015 y 2016.
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Esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el fallo emitido por otro juez administrativo de Bogotá que había negado los argumentos planteados en la acción judicial, al concluir que el deceso de más de 300 personas fue producto de un torrencial de grandes dimensiones.
Además, se señaló en esa primera oportunidad, que esta emergencia había sido producto de un fenómeno súbito imprevisible e irresistible y por ello, la responsabilidad no era atribuible a las entidades a cargo de ese tema.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Cundinamarca concluyeron lo contrario y señalaron que existía un historial que advertía que si eran previsibles los graves hechos registrados el 31 de marzo de 2017 para las autoridades del municipio.
El Tribunal indicó que antes de esta tragedia se registraron “46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos” y peso a ello, no se emitieron acciones para velar por la integridad de los pobladores de la zona.
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Los magistrados también condenaron al Estado al pago de indemnizaciones a varias de las familias afectadas por esta tragedia invernal.
