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La lucha contra el soborno trasnacional que lleva Colombia a lo largo de los años, se destacó en el más reciente informe de Transparencia Internacional que indica que el país mejoró en este tema, en comparación con la evaluación del 2018 cuando se determinó que tenía un “cumplimiento escaso o nulo” frente al soborno a funcionarios públicos.
Sin embargo este informe, llamado ‘Exportando Corrupción 2020’, y que evalúa las medidas de 47 países contra la corrupción, señala que aunque Colombia actualmente aparece en “categoría de cumplimiento limitado”, aún debe realizar mayores esfuerzos en su lucha contra el soborno transnacional.
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En la evaluación Colombia, que representa el 0,2% de las exportaciones globales, aparece dentro de los 15 países que ocupan la categoría “limitada” de cumplimiento o implementación de medidas, subiendo un escalón en el informe.
Transparencia destaca que este resultado en cuanto al avance de Colombia, “fue posible gracias a desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional”.
Pero advierte que aún es un avance lento, por lo que sugiere que se requieren mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa, “respecto a lograr un mayor número de casos que sean sancionados de manera efectiva y ejemplar”.
Para poner en mayor contexto lo que ha hecho Colombia frente a soborno transnacional, Transparencia catalogó en ‘avances recientes’ y ‘tareas pendientes’ el trabajo del país frente a este flagelo.
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En cuanto a avances, se resalta en primer lugar lo que tiene que ver con el nivel normativo que complementan la ley 1778 de 2016 sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y la ley 2014 de 2019 que inhabilita la contratación por parte del Estado a personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; además de las nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la ley 2013 de 2019.
Mientras que en los pendientes le queda a Colombia incorporar mecanismos efectivos de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción, tanto en el ámbito público como privado.
Según la entidad, “resulta necesario avanzar en la implementación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales creado por la ley 2010 de 2016”.
En complemento, se indica la importancia de que en el país “se definan líneas de acción claras respecto a la manera como se podría fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas mediante la incorporación de medidas de responsabilidad penal. Entre 2018 y 2020 distintos proyectos de ley promovidos por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación y algunos congresistas de la República, han buscado impulsar dichas medidas, sin que hayan sido aprobadas hasta el momento”.
Por último, el informe destaca que también se requiere asignar mayores recursos para la investigación efectiva del soborno transnacional, pues “se nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional”, afirmó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
