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Una comisión de expertos de la Unión Europea presentó los resultados de un diagnóstico sobre la reducción de daños, realizado en el marco del programa COPOLAD III, el cual está enfocado en el fortalecimiento de la estrategia de reducción de riesgos y daños de Colombia y busca mitigar el impacto negativo del consumo de drogas en la sociedad.
La iniciativa incluye la creación de laboratorios de innovación social en Cali, dirigidos a abordar las complejidades sociales y el uso de sustancias psicoactivas en territorios vulnerables.
Durante la presentación, José Ferreira, de la delegación de la Unión Europea en Colombia, enfatizó que “la reducción de daños es un pilar de la Unión Europea y el diagnóstico realizado junto a la sociedad civil es clave para garantizar la sostenibilidad de las acciones en el ámbito de la reducción de riesgos".
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El viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña Hernández, destacó que “el problema de las drogas no puede abordarse solo desde una estrategia policial" y anunció la publicación de un estudio sobre la mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas entre 2013 y 2022, que busca ofrecer un panorama más claro sobre el impacto de estas sustancias en la población.
Así mismo, el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, mencionó que se están trabajando en lineamientos técnicos para diseñar y evaluar espacios de consumo de menor riesgo, así como en la actualización de pautas para la atención integral de personas que se inyectan drogas.
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COPOLAD III ha contribuido al levantamiento de un diagnóstico en territorios como Cúcuta, Armenia, Pereira y Medellín, mapeando actores institucionales y comunitarios relevantes, la cual será esencial para el Plan de Acción de Reducción de Daños, que busca promover la inclusión social de quienes consumen drogas y facilitar su acceso a servicios de atención.
Los funcionarios culminaron destacando que estos esfuerzos buscan poner en el centro la salud y los derechos de las personas, promoviendo la inclusión social en un contexto de colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
