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El Estado colombiano cumplió de forma "parcial" con 17 de las 41 recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito de la violencia desatada durante las protestas sociales de 2021, informó este viernes en Bogotá ese organismo.
Una delegación de la CIDH, conformada por su presidenta, Julissa Mantilla Falcón, y el relator para Colombia, Joel Hernández García, presentó este viernes al presidente Gustavo Petro, el primer informe de seguimiento a sus recomendaciones tras la visita que hizo a Colombia en 2021 por la violencia en las protestas sociales.
Dichas protestas tuvieron lugar entre abril y julio de 2021 y dejaron al menos 83 muertos, más de la mitad, presuntamente a manos de la Policía.
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"Se ha determinado que tres (recomendaciones) tienen actualmente un nivel de cumplimiento parcial sustancial, 14 están parcialmente cumplidas y 11 están aún pendientes de acción de cumplimiento", precisó Hernández en una rueda de prensa sobre la presentación del informe en el que solo se observaron, por "decisión metodológica", 28 recomendaciones.
Según el documento, entre las temáticas sobre las que versan los puntos observados se destacan el derecho a la protesta social, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en las protestas, la violencia de género, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas o la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar.
Cambios en cuerpos de seguridad
Entre las recomendaciones con un grado de cumplimiento "parcial sustancial", figuran el "refuerzo y reestructuración de procesos de formación, entrenamiento y capacitación" de los cuerpos de seguridad del Estado en relación al "derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza".
En este sentido, Hernández destacó, como algo "muy importante", la existencia de "un amplio conjunto de resoluciones, directrices y protocolos" en el ordenamiento jurídico colombiano, dirigidos a regular el ejercicio de las funciones de la fuerza pública en la protesta social.
Sin embargo, recordó que "no basta con la existencia de un marco normativo" si no se llevan a cabo "medidas que permitan la aplicación efectiva de esa normativa" y llamó al Estado a adecuarse a los estándares internacionales.
Al mismo tiempo, la CIDH aplaudió la creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, para priorizar la resolución pacífica de conflictos sociales.
También destacó el "reciente anuncio estatal" sobre la desvinculación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para asignarlo a la cartera de Justicia, de manera que se garantice su "naturaleza civil" como parte de una reforma que aún no ha sido presentada al Congreso.
Desafíos
Entre las materias pendientes, la Comisión llamó al Estado a liberar a los detenidos de manera arbitraria o injustificada durante las protestas para que puedan continuar sus procesos en libertad.
Del mismo modo, la CIDH recomendó la constitución de un registro "fiable" sobre estos casos para conocer "con certeza" la situación jurídica de estas personas.
"Hay medidas alternativas a la prisión (...) que permiten la acción de la Justicia en condiciones de mayor participación de los procesados", insistió Hernández al tiempo que señaló como ejemplo la liberación de los jóvenes de la llamada "primera línea" para desarrollar tareas como voceros de paz.
Por otra parte, Hernández insistió en la importancia de que el Estado se abstenga de aplicar "tipos penales que conviertan en actos criminales" conductas propias de las protestas que no afecten a la vida, la seguridad o la libertad de las personas.
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Al respecto, el relator señaló como una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil el temor a que la Ley 2197 de 2022 sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se convierta en un mecanismo de represión de las protestas.
Nota de optimismo
Pese a que ninguna de las 41 recomendaciones de la CIDH ha alcanzado el cumplimiento total, Hernández encontró una "nota de optimismo" en el anuncio que el Gobierno hizo hoy sobre la creación de un "mecanismo de seguimiento institucionalizado" del que también hará parte la sociedad civil para revisar los avances de las recomendaciones.
"La esperanza de poder participar conjuntamente con el Estado (...) nos posibilita la elaboración de un plan de trabajo en el que se puedan ir programando, de manera concreta, medidas progresivas que nos llevarán al pleno respeto del derecho a la protesta social", concluyó.
