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Con un panorama de amenazas de muerte la Federación Nacional de Personeros develó la realidad de los representantes del ministerio público en los municipios del país.
Sandra Lorena Cárdenas, presidenta de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), aseguró que 10 por ciento de los personeros del país están amenazados y muchos de ellos han renunciado por falta de garantías por parte del Estado y sus instituciones.
“En este momento tenemos un promedio de 150 compañeros que han referido amenazas, y 52 personeros han renunciado, algunos desafortunadamente lo han hecho porque no encuentran garantías para el ejercicio de sus funciones, ya que han hecho denuncias delicadas sobre minería ilegal, temas de conflicto armado, disputas de las rutas del narcotráfico, problemáticas relacionadas con tierras y grupos varios al margen de la ley, entre muchos otros”, precisó Cárdenas.
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Una personera, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, aseguró que se vio obligada a renunciar a su cargo, para ella misma brindarse la protección que el Estado no le otorgó.
“Renuncié porque dentro de las muchas funciones que tenemos algunas nos representan un riesgo, porque siempre terminamos afectando a algunas personas, y las personerías son instituciones muy débiles. Sentí que no tenía las condiciones de seguridad para mi vida, este momento estoy fuera del municipio y la situación gracias a Dios ahora está más tranquila”, señaló la Personera que renunció a su cargo.
Aunque con su renuncia retornó a la tranquilidad, un personero ubicado en un lejano municipio del Caquetá vive una realidad diferentes tras por denunciar el reclutamiento de indígenas y menores de edad. Él recibió varias amenazas en contra de su vida.
“Al municipio sólo tenemos acceso por vía fluvial y aérea y eso me pone en un estado de vulnerabilidad muy alto, y aunque cuento con un esquema de seguridad, eso no quiere decir que tenga las garantías totales del Estado, no es suficiente, porque las amenazas tienden a crecer”, reveló el personero.
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“En este momento me encuentro sólo en el municipio. Mi esposa tuvo que salir desplazada, era la psico-orientadora de una institución educativa, mis hijos están en otra parte del país. Mi día a día es prácticamente en una celda, permanezco encerrado en la oficia con el esquema de seguridad, salgo de allí y me encierro hasta el otro día se me acabó la vida social”, anotó el personero amenazado.
Desde Fenalper, Sandra Lorena Cárdenas, reiteró que como estos casos, existen otros en muchas regiones del país donde los personeros están librando solos las batallas de defensa de los derechos humanos, sin que el Estado les brinde la debida atención.
