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De acuerdo a un auditoría realizada por la Contraloría al trabajo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), este organismo no le hizo seguimiento a la licencia ambiental otorgada al consorcio encargado de la Ruta del Sol Tramo 2, el cual fue ganado por la firma brasileña Odebrecht, hoy en el ojo del huracán por un caso de corrupción.
Según señaló la Contraloría, "el caso más grave se evidencia con la Licencia Ambiental otorgada por ANLA al consorcio que está construyendo la Ruta del Sol II y del cual hizo parte la firma ODEBRECHT".
El organismo de control reveló que "se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, en tres tramos distintos, todos repetitivos y no se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por ANLA por los cuantiosos incumplimientos a la Licencia Ambiental, mucho menos multas por el daño ambiental generado por el consorcio".
Este informe indica que "pese a que la ANLA identifica incumplimientos a lo establecido en la licencia ambiental otorgada para la Ruta del Sol II, la entidad no realiza la gestión para sancionar dichas situaciones, ya sea porque no sanciona o, si sanciona, la sanción resulta muy débil o la impone muy tarde en el tiempo, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada la Licencia, con el consecuente deterioro ambiental".
Pero el reporte del organismo de control también le hizo un seguimiento a la gestión de la ANLA en otros proyectos de infraestructura importantes, como el de la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Para la Contraloría, "se evidenció que el beneficiario de la licencia (Aerocivil – OPAIN) - ha incumplido en forma reiterativa la licencia ambiental otorgada (1995), ha afectado al medio ambiente y, sin embargo, no ha recibido de parte de ANLA las sanciones consecuentes y, de haberlas recibido, las multas que le ha impuesto han resultado muy bajas y por tanto resulta más barato incumplir la licencia ambiental, en detrimento del medio ambiente, que cumplirla".
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre
En este tema de la Contraloría señaló que la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde el segundo semestre del año 2014 y hasta la fecha del informe, no ha presentado los informes de medición de olores ofensivos, de acuerdo con la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2013, con lo que se debe demostrar que las actividades realizadas no superan los niveles máximos permisibles de inmisión de los gases que producen estos olores.
"Entre los que se encuentra el ácido sulfhídrico, gas toxico (y letal, en determinadas concentraciones), a pesar que ANLA le ha hecho cinco requerimientos semestrales, desde entonces", afirmó el organismo.
Al igual que en los casos anteriores, la ANLA no ha sancionado al beneficiario de la licencia ni ha impuesto multas por este incumplimiento, a pesar que las comunidades alrededor se quejan constantemente por los olores que allí se producen.
A diciembre del 2016, la ANLA tenía a su cargo realizar el seguimiento a 133 planes de manejo ambiental y 1.182 licencias ambientales (de las cuales 467 se refieren a proyectos de hidrocarburos, 201 de infraestructura, 39 de generación de energía, 17 de minería, 23 de otros sectores y 435 de plaguicidas).
Por tanto, señala el organismo, las debilidades evidenciadas indican, "un claro riesgo de deterioro ambiental asociado al incumplimiento reiterado de las medidas de manejo por parte de los ejecutores de los proyectos, obras o actividades, así como a la baja efectividad del proceso de seguimiento que realiza la ANLA a las licencias ambientales otorgadas".
También evidenció irregularidades en el seguimiento a proyectos como el del “Plan de Restauración y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal Del Dique”, que cuenta con 17 programas y 55 proyectos de manejo ambiental, "sin que se adelante un proceso de licenciamiento previo que establezca su intervención como autoridad ambiental en el tema de licenciamiento".
Esto, indicó la Contraloría, puede representar riesgos en su ejecución y el control de sus impactos del mencionado proyecto, al definir situaciones de actor -ejecutor- y autoridad dentro del mismo proceso. (Es decir que el proyecto aún no tiene licencia ambiental).
