Caso Javier Ordóñez: temen por la seguridad y vida de testigos

Víctimas están pidiendo que el proceso sea llevado a instancias internacionales
Wilder Salazar testigo clave de la muerte de Javier Ordóñez
Wilder Salazar testigo clave de la muerte de Javier Ordóñez. Crédito: Oficina de la representante Katherine Miranda

Vadith Gómez, abogado de la familia del ingeniero aeronáutico y estudiante de último semestre de derecho, Javier Ordóñez, informó que los principales testigos del crimen, han recibido amenazas de muerte.

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Se trata de los amigos de la víctima que grabaron los videos en los que se muestra que el hombre de 45 años, estaba siendo agredido con choques eléctricos de parte de los patrulleros, Harby Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, en hechos registrados durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre en la localidad de Engativá.

Indicó que "para algunos testigos he solicitado medidas de protección y ya están empezando a recibirlas porque están amenazados. Esperamos que no les pase nada, porque esto agravaría la situación en la que nos encontramos”, dijo.

Insistió en que es preocupante que los testigos dentro del proceso por la muerte de Ordóñez, estén recibiendo amenazas para que guarden silencio en este proceso que ha generado una ola de protestas en Bogotá y en otras ciudades del país.

Lea: Patrullero Lloreda no tenía problemas personales con Javier Ordóñez: abogado del policía

El abogado Vadith Gómez reconoció que ha existido un avance en el proceso, mientras agregó que es necesario que se tomen medidas con quienes omitieron defender la vida de Javier Ordóñez.

“La familia reconoce que ya se empieza a avanzar. Sin embargo, esperamos que en los próximos días se tomen decisiones sobre la omisión de algunos uniformados”, dijo.

Agregó que “ayer le manifestamos a la Fiscalía General de la Nación que este uniformado (patrullero Juan Camilo Lloreda), se iba a entregar e íbamos a ir por estos dos uniformados”.

Gómez indicó hoy se llevarán a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura e imputación de cargos contra los uniformados, por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.





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