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Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no admitieron estudiar la demanda de nulidad que interpuso la firma Thomas Greg & Sons contra la Cancillería por haber expedido en su momento la resolución con la cual declaró desierta la licitación de los pasaportes en 2023.
Según los magistrados, el reclamo de la demanda desapareció con la nueva resolución 1394 que expidió el pasado 26 de febrero el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, a través de la cual adjudicó, finalmente, la licitación para la elaboración de los pasaportes en Colombia a Thomas Greg & Sons.
Ante este escenario, el Tribunal de Cundinamarca señaló que Thomas Greg deberá subsanar los errores de forma de la demanda y precisar a los magistrados las pretensiones, ya que los fines que pretendían desaparecieron con la revocatoria de esta última resolución.
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“Como las resoluciones cuya nulidad se pretende fueron revocadas directamente por la entidad demandada, es necesario que la parte demandante subsane la demanda y precise las pretensiones y sus fundamentos (numerales 2, 3 y 4 artículo 1623 y artículo 1634 del C.P.A.C.A.) porque el objeto de la controversia inicial se refirió a un acto administrativo cuyo carácter ejecutorio se ha afectado al desaparecer sus fundamentos”, indica la decisión del Tribunal de Cundinamarca.
Por orden delos magistrados se fija un plazo de diez días para que Thomas Greg & Sons corrijan sus pretensiones y vuelvan a presentar si así lo consideran su demanda.
“Por lo expuesto, se inadmitirá la demanda para que se corrija o aclare (artículo 170 C.P.A.C.A.), dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia. Además, la parte demandante acreditará que envió a los demás sujetos procesales el eventual memorial que subsane la actuación”, añade el documento de los magistrados del Tribunal.
En la misma decisión, el Tribunal negó la solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por la parte de Thomas Greg con la que buscaba “prevenir la afectación económica del erario público y pedía que se decrete la suspensión de la Licitación Pública de los pasaportes.
Según la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, esta solicitud no cumple con los requisitos de ley, porque “no hay evidencia del perjuicio irremediable aludido por la demandante: el acto administrativo materia de la controversia fue revocado, lo que deja sin objeto la razón de la medida cautelar”.
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Es de recordar que tras no llegar en su oportunidad a una conciliación por la licitación de los pasaportes, la compañía Thomas Greg & Sons demandó al Estado por una pretensión que asciende a los 117.000 millones de pesos.
