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La Procuraduría General de la Nación le hizo un fuerte llamado de atención al alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Manosalva, por la restricción y obstaculización injustificada del acceso al relleno sanitario Las Bateas, impidiendo el ingreso de 20 camiones cargados de basura que provienen de Aguachica (Cesar), Floridablanca y otros 15 municipios de Santander.
Este es la segunda advertencia que hace esa entidad para que se garantice la prestación del servicio público domiciliario de aseo y por oponerse a que ingresen las basuras de Santander que enfrenta una grave situación con el relleno sanitario El Carrasco.
En el oficio enviado por la procuradora delegada para Asuntos Ambientales, Olga Lucía Pattín Cure, se advierte que es delito obstruir las vías públicas y agrega que "la actividad de disposición de residuos en el Relleno Sanitario Las Bateas es ejercida por un operador privado, que cuenta con los permisos legales que lo habilitan para el desarrollo de esta actividad y que se está imposibilitando el ingreso al titular de un predio de naturaleza privada".
En ese sentido, la funcionaria informó que el alcalde Manosalvano no asistió a un encuentro que había sido convocado con urgencia para tratar de buscar salidas a la crisis sanitar por la disposición final de las basuras en Santander, demostrando la falta de voluntad política en esa materia.
"En virtud de estos hechos, esta Delegada convocó a una reunión con carácter urgente, prioritaria y extraordinaria con el objetivo de atender la crisis sanitaria y ambiental suscitada por la disposición de residuos y propender por la preservación del orden público en el municipio de Aguachica, con el apoyo, acompañamiento y asesoría del gobierno nacional y de los órganos de control y con extrañeza observamos que usted no asistió, ni compareció ningún representante de esa entidad territorial, lo cual demuestra falta de compromiso y de voluntad política en buscar una solución a esta situación crítica que se está generando en el municipio", afirmó la funcionaria.
Al mismo tiempo, la procuradora delegada para Asuntos Ambientales resaltó que el bien general prima sobre el particular y que es reprochable la falta de solidaridad con referencia a la situación que se registra en 16 municipios de Santander.
"Estamos ante una emergencia, la comunidad se va a ver afectada, por lo tanto hacemos un llamado a los alcaldes para que cumplan con sus deberes constitucionales y que le den vía libre a las alternativas que hoy en día existen", señala en el documento.
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