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El canciller Álvaro Leyva sigue expidiendo actos administrativos que según algunos analistas, es un "reto" a la Procuraduría pese a que ese organismo lo suspendió por tres meses por el caso de los pasaportes.
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que Leyva se expone a sanciones más severas, pues el Código Disciplinario permite que la Procuraduría aplique nuevas sanciones en estos casos.
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"Así con todo se solicite la consulta de esa determinación, aquel funcionario público que no acate la misma podría verse incurso en una nueva falta disciplinaria e incluso, dependiendo la gravedad de esa desatención, en delitos de diferente naturaleza". mencionó Herrera.
El exviceprocurador Juan Carlos Novoa, considera que esta puede ser la estrategia del presidente Gustavo Petro para proteger los derechos políticos de su ministro de Relaciones Exteriores, pues esperan a que sea un juez el que defina la suspensión de Leyva.
"Tal vez pensamos que en este caso la presidencia esté pensando en el mismo sentido, en ampararle los derechos políticos al canciller a no ser retirado del cargo si no hay una orden judicial", añadió el exfuncionario.
Sin embargo, para Juan Manuel Charry, experto en justicia, resalta que, posiblemente, pueden excusarse con la necesidad de nombrar un nuevo encargado para dar cumplimiento con la orden de garantizar los servicios de la Cancillería.
"Teniendo en cuenta de que no se hagan alterar las funciones que viene cumpliendo el ministro, de manera que el encargado pueda tener una continuidad, y haberse demorado dos o tres días en nombrar el encargado con el argumento de que se quería preservar el cumplimiento de la función", afirmó el jurista.
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Por este caso, la Procuraduría resuelva el recurso de consulta que elevó la defensa del canciller para confirmar la suspensión provisional mientras se adelanta el juicio disciplinario.
