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Juan Carlos Novoa, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, entregó declaraciones a La FM, sobre la suspensión del canciller Álvaro Leyva por tres meses en el marco de una investigación disciplinaria relacionada a los contratos para la expedición de pasaportes.
"Lo primero que hay que decir es que la Procuraduría no ha sancionado al ministro. La decisión que tomó el día de ayer la sala de instrucción es una suspensión provisional", señaló Novoa, destacando que la medida retira al Ministro del cargo durante tres meses mientras se desarrolla el proceso de juzgamiento.
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El presidente de la Asociación detalló que la Procuraduría ha imputado al Canciller dos cargos por faltas gravísimas a título de dolo, lo que podría conllevar a su destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para ejercer funciones públicas.
"En este asunto, la Procuraduría encontró serios elementos del juicio que revisando rápidamente el pliego de cargos, que es constante, extenso de 122 páginas, son afirmaciones bastante fuertes", agregó Novoa, subrayando la contundencia de las acusaciones contenidas en el extenso documento.
Sobre la suspensión, Novoa indicó que esta medida se aplica excepcionalmente y que, en este caso, se fundamenta en elementos serios del juicio contenidos en el pliego de cargos. "Para mí, esto es el tiempo suficiente para que la Procuraduría emita un fallo sancionatorio con la máxima sanción", enfatizó Novoa, refiriéndose al periodo de tres meses de suspensión.
Ante la pregunta sobre si la suspensión implica que la Procuraduría ya encontró responsabilidad en la investigación, Novoa afirmó que la medida se aplica excepcionalmente y que, en este caso, se fundamenta en elementos serios del juicio contenidos en el pliego de cargos.
En cuanto a las reacciones políticas del presidente Petro, quien ha rechazado la medida, Novoa se limitó a enfocarse en el aspecto disciplinario y subrayó que la institucionalidad y el derecho disciplinario buscan garantizar que los servidores públicos se sujeten a la ley.
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La medida disciplinaria ha generado un debate sobre su impacto en la institucionalidad del país, pero Novoa evitó realizar análisis políticos, enfocándose en la necesidad de que los funcionarios, independientemente de su cargo, enfrenten investigaciones cuando sea necesario.
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