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Tras el levantamiento de la medida cautelar que suspendía de manera indefinida la adjudicación de la Alianza Público Privada (APP) del Canal del Dique y ante su eventual adjudicación, la Procuraduría General de la Nación reiteró a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Transporte, las recomendaciones y observaciones que tiene sobre los componentes social y ambiental que implicarían la ejecución del proyecto.
Entre los compromisos se solicitó trabajar en medidas preventivas y protección de cuerpos no identificados de personas dadas por desaparecidas con base en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Por otra parte, a través de las mesas de seguimiento preventivo convocadas por ese organismo, se hizo un llamado de atención a la agencia para establecer el seguimiento del proceso licitatorio y adjudicatorio de la Alianza Público Privada (APP) Canal del Dique.
El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, insistió a la ANI dar respuesta y cumplimiento a los requerimientos realizados a la medida preventiva impuesta por la JEP por medio del Auto AT-161 de 2022, en términos de protocolo de arqueología forense y la emisión de un documento.
Del mismo modo, Guerrero afirmó la importancia de establecer lineamientos y protocolos para la adopción de medidas preventivas y de verificación en el proceso protección de cuerpos no identificados de personas dadas por desaparecidas, debido al conflicto armado presuntamente dispuesto en el Canal del Dique.
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Simultáneamente, la Procuraduría advirtió a la ANI la correcta evaluación de los respectivos impactos y la necesidad de la actualización de la matriz de riesgo, en torno a la exigibilidad de licencia ambiental y la pertinencia del Plan Hidrosedimentológico del Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
Cabe resaltar que dicho plan tiene como objetivo ser instrumento de evaluación y manejo ambiental de la ejecución del proyecto del canal.
Cabe mencionar que a la mesa de articulación asistieron los representantes del Ministerio de Transporte y del equipo estructurador, jurídico, técnico, social y ambiental, de la Agencia Nacional de Infraestructura.
