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La Corte Constitucional tumbó el decreto que adoptaba medidas para el acceso al agua y saneamiento básico en La Guajira en el marco de la emergencia económica y social en el departamento con lo que tumbó la creación del Instituto de la Gestión del Agua.
Este instituto tendría la función de desarrollar las acciones necesarias para que la población del departamento tenga acceso a agua potable, saneamiento básico y mitigar el impacto del cambio climático.
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Para la Corte, este apartado del decreto no es constitucional porque no se cumple con criterios necesarios, pues el Instituto de Gestión del Agua buscaba enfrentar la falta de infraestructura para atender la problemática de La Guajira.
"Este tribunal concluyó que no cumplen los criterios materiales (finalidad y necesidad), toda vez que su objetivo no es enfrentar el estrés hídrico (urgencia e inminencia) sino la ausencia de infraestructura y tecnologías de largo plazo", dice el documento.
Además la Sala Plena asegura que las funciones que entraría a desempeñar el instituto están comprendidas dentro de las potestades del Ministerio de Vivienda, pues sería una entidad encaminada a acelerar algunos procesos ministeriales.
Sin embargo, resaltan que la entrada en funcionamiento de esta nueva entidad requeriría establecer un papel burocrático, planificación y proyección de acciones urgentes a realizar y que esto es un asunto que se puede tramitar en una ley ordinaria.
"Su puesta en funcionamiento implica acciones de largo plazo que requerirán un diseño burocrático, planificación financiera, identificación de validación de proyectos prioritarios, ejecución de procesos contractuales; y (vi) el Gobierno nacional puede gestionar una ley ordinaria para crear una entidad descentralizada", aseguró la Corte.
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Con esta decisión, el Instituto de la Gestión del Agua ya no podría crearse con base a los decretos, por lo que Alfredo Saade, quien habría sido elegido para dirigir esta entidad, vería frustradas sus aspiraciones.
