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Como unas "bodegas humanas" han calificado los defensores de Derechos Humanos las estaciones de Policía del Valle de Aburrá y el búnker de la Fiscalía de Medellín, donde hay 1.800 personas privadas de la libertad. En los lugares de paso, destinados para estar máximo 72 horas, hay internos condenados que llevan hasta un año.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho Jiménez, aseguró que 1.500 personas están hacinadas en las estaciones del Valle de Aburrá, con dificultades para acceder a servicios básicos de alimentación, salud y saneamiento.
"Esta situación está afectando el servicio de la Policía. Nosotros tenemos 1.500 personas recluidas en las diferentes estaciones de la institución, sitios transitorios, donde no tenemos unidades sanitarias adecuadas y tampoco espacios para brindar alimentación. Si bien es cierto que han cometido delitos, sí merecen unas condiciones mínimas", señaló el alto oficial.
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El defensor regional del Pueblo, Jaime Zapata, quien ha emitido varias alertas tempranas por el hacinamiento, propuso la construcción de más cárceles para reubicar a los internos hacinados.
"Así otros digan que no, aquí se tienen que construir más establecimientos carcelarios porque la situación de hoy no es la misma de hace 20 años. Todos los días la Fiscalía hace capturas masivas que son de hasta 80 y 100 personas. Tenemos cárceles diseñadas para 150 internos y hoy tienen mil", señaló.
Investigación disciplinaria
La Procuraduría interpuso una acción popular contra 28 gobernadores, entre ellos Antioquia, y abrió una investigación preliminar a los alcaldes de las ciudades capitales de los mismos departamentos por no tomar acciones contundentes para solucionar la crisis carcelaria.
Las declaraciones se conocieron en el Encuentro Territorial de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, por la crisis carcelaria en Antioquia.
