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Con 5 presuntos hallazgos fiscales por $19.746 millones concluyó la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sobre su gestión en la vigencia 2016.
Según el ente de control, de estos hallazgos $4.729 millones corresponden a la evaluación efectuada al contrato de Concesión Ruta del Sol, Sector 2, donde igualmente se evidenciaron 2 presuntos hallazgos penales, que también tienen alcance disciplinario por la posible omisión de requisitos previos para la celebración de los Otrosí 3 y 6, referentes a la vía Ocaña-Gamarra, contrato salpicado por el escándalo de Odebrecht.
El informe de la Contraloria señala que se modificó el monto de la contraprestación, plazo y cupos anuales de vigencias futuras, sin obtener previamente las autorizaciones legales correspondientes y sin contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, omitiendo así requisitos legales esenciales para el efectivo trámite del Otrosí, y vulnerando presuntamente lo establecido en los principios previstos en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y en otras normas referentes a la contratación estatal.
La auditoría dio un concepto "desfavorable" a la gestión de la ANI, emitió opinión "con salvedades" sobre sus estados financieros, no feneció la cuenta fiscal de la entidad y dio un concepto "con deficiencias" sobre su control interno.
En total, el proceso auditor estableció 47 hallazgos administrativos, de los cuales aparte de los presuntos fiscales y penales ya señalados, 18 tendrían presuntamente connotación disciplinaria.
Hallazgos con presunto alcance disciplinario
De otra parte, los 3 hallazgos con presunto alcance disciplinario restantes obedecen a: inadecuada planeación y ausencia de un efectivo control por parte de la entidad respecto a la coordinación, control y vigilancia que debe mantener de manera constante y permanente respecto a la ejecución y cumplimiento del contrato, dado que existieron períodos de tiempo equivalentes a 5.5 meses en los cuales la concesión no presenta vigilancia ni seguimiento por parte de una interventoría.
Se trata de atrasos significativos en la construcción del contrato originados por la baja gestión predial.
El Concesionario no ha ejecutado las obras de mejoramiento y/o rehabilitación del paso urbano de Talaigua Nuevo de acuerdo con el alcance inicial.
Ausencia del Comité Fiduciario en el contrato celebrado entre el concesionario y la fiduciaria, lo que hubiese permitido realizar un adecuado seguimiento y control por parte de la entidad y la interventoría sobre la gestión de la fiduciaria.
Algunos elementos y/o materiales de las estructuras en construcción como box-coulvert y puentes, se encuentran expuestos sin la debida protección, generando posibles desgastes y mayores reprocesos para garantizar su vida útil.
