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La Contraloría entregó al Congreso un nuevo informe sobre la ejecución de recursos para la paz,en el queadvirtió que la implementación del Acuerdo Final tardaría 20 años y no 15 como se tenía previsto.
Esa entidad señaló que hay riesgos de desfinanciamiento a la implementación por la falta de presupuesto y escándalos como la posible pérdida de unos 500.000 millones de recursos destinados a los proyectos para la paz a través del Ocad-paz.
Sobre ese punto, la Contraloría encontró que se han asignado recursos para proyectos localizados en municipios 'No PDET' por $1,4 billones de pesos, por lo que recomienda “revisar la priorización y asignación de los recursos con criterios de equidad”.
“Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales”, señaló la Contralaría.
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Esa entidad manifestó que se tenía prevista la ejecución de $154,9 billones para en 15 años, es decir, entre 2017 y 2031, pero agregó que las cuentas no dan.
Según el informe, se han ejecutado $39,7 billones de 2021 durante el periodo 2017-2021, es decir, un 87% de lo previsto en el Marco Fiscal 2017 para este mismo periodo y un 25% de avance frente al costo total de $154,9 billones de 2021 dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI).
Entre tanto, en el 2021 se registró una ejecución de $14,24 billones, 2,3 veces más que el promedio histórico observado entre 2017 y 2020, que fue de $6,4 billones.
“La tendencia muestra un promedio de $7,7 billones anuales a 2022, se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años para cumplir con lo contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI)”, destaca una de las conclusiones de la Contraloría sobre el informe.
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El informe asegura que la principal fuente de financiación ha sido el Presupuesto General de la Nación con un 67% de los recursos, seguido por la Cooperación Internacional con un 17% y el Sistema General de Regalías con un 10%.
“A marzo de 2022, el 68% de estos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral; el 11% a la solución del problema de drogas; el 9% a víctimas del conflicto y el 8% al fin del conflicto”, señala el documento.
La Contraloría concluyó que “las metas planteadas en las subcuentas del Fondo Colombia Paz no son coherentes con las planteadas en los proyectos de inversión que éstas financian... hay disminución de los recursos del impuesto al carbono que apalancan subcuentas tan importantes como la de sustitución y el 95% de la contratación es directa, modalidad que no resulta competitiva”.
El informe de la Contraloría hizo seguimiento a los recursos del posconflicto y a las políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz como la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre víctimas del conflicto armado, al igual que la implementación, verificación y refrendación del acuerdo.
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