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Una Auditoría de Cumplimiento, realizada por la Contraloría General de la República, concluye que el proyecto para la construcción y adecuación de la carrera séptima al sistema Transmilenio no ha resultado de acuerdo a las previsiones iniciales, por lo que su rezago amenaza con generar mayores costos administrativos y fiscales.
El ejercicio de control produjo 13 hallazgos administrativos, 4 con presunto alcance fiscal en cuantía de 448 millones de pesos, 3 con mérito para indagación preliminar y 9 con presunta incidencia disciplinaria.
El informe indica que los 287 mil 957 millones de pesos invertidos en la compra de predios no han resultado eficaces, ya que al no haber sido utilizados oportunamente se está generando una carga administrativa y económica en el cuidado, custodia y mantenimiento de los inmuebles ya adquiridos.
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“Durante el proceso de auditoría fueron identificados seis predios para los cuales ya se habían suscrito promesa de compraventa y habían sido realizado pagos parciales por $1.870 millones. Sin embargo, hasta diciembre último no había concluido el proceso de escrituración y registros de la propiedad”, agrega el documento.
Otro de los casos que arroja un posible detrimento por 78 millones de pesos, se habría producido al no haber sido realizadas ocho de las once reuniones de finalización, debido a deficiencias en la ejecución del contrato.
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Igualmente, hay evidencia de un daño patrimonial al Estado por 89 millones de pesos, ocasionado por pagos al especialista en redes hidrosanitarias, para el desarrollo del proyecto por la carrera séptima.
Finalmente, la Contraloría aclara que, a partir del pasado 6 de diciembre del 2019, el IDU quedó comprometido a desarrollar un plan de mejoramiento para corregir las falencias indicadas en el informe de auditoría.
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