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Siete personas han fallecido y otras cuatro permanecen bajo ventilación mecánica como consecuencia del motín que varios reos provocaron quemando colchones la noche de este martes, 16 de septiembre, en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca.
Inicialmente, las autoridades habían entregado un saldo de doce personas lesionadas tras el amotinamiento, que causó un incendio en el lugar, que funciona como centro de detención transitoria, o sea, como sitio de reclusión para personas que no han sido condenadas.
La Policía, el Cuerpo de Bomberos y los paramédicos atendieron la emergencia y remitieron a once de las víctimas al Hospital San Rafael de Facatativá, otro municipio cundinamarqués, a unos veinticinco kilómetros de Funza. El martes se informó a goteos sobre los decesos.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la estadística de siete muertes la noche del 17 de septiembre, cuando manifestó que el recluso Édgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, falleció "pese a los esfuerzos del equipo médico del hospital".
Cárdenas se sumó a Juan Felipe Bernal, de veinticuatro años; Andrés Organista, de 36; Alejandro Blanquicet, de veintidós; Sergio Zarta, de veintinueve; Arcadio Antivia, de 44, y José Rodríguez de 48. Cuatro privados de la libertad siguen en la unidad de cuidados intensivos.
Además de los afectados por el incendio, un preso más recibe atención médica en la clínica Medifaca: Yeferson Parra, de veinticinco años, quien, según los reportes del gobernador Rey, tiene en su muñeca una fractura "ocasionada en una agresión dentro de la celda".
El inspector general de la Policía, el general Hernán Meneses; el jefe nacional del Servicio de Policía, el general Wharlinton Gualdrón, y el comandante de la Policía de la Sabana, el coronel Jhon Rosas, estuvieron en Funza durante el día para intentar esclarecer los hechos.
Las víctimas no presentaban quemaduras, según la información de los Bomberos de Cundinamarca, sino que manifestaron malestares respiratorios por cuenta de la exposición a las llamas y el humo. Rey le pidió a la Fiscalía investigar, y la Procuraduría ya arrancó por su parte.
El Ministerio Público creó una comisión encabezada por su delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, para verificar lo sucedido, y prometió hacer un seguimiento tanto al estado de las personas afectadas como a las condiciones de reclusión en la estación de Policía.
Además, la Procuraduría abrió una investigación contra funcionarios aún por determinar para establecer si hubo una omisión, por parte de los uniformados, que haya contribuido al desenlace fatal. Este martes, el ente de control inspeccionó el lugar con una visita.
