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Este miércoles el presidente Iván Duque firmó un convenio con el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosacon el que se dio luz verde a la construcción de las troncales de Transmilenio por las avenidas Ciudad de Cali y 68 que servirán para alimentar el metro, las cuales serán cofinanciadas entre la Nación y el Distrito.
Con esto, la administración manifestó que todo está listo para dar inicio de manera formal al proceso de licitación para definir la empresa que construirá y operará la obra.
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De acuerdo con el cronograma de la empresa Metro de Bogotá, en este momento el proyecto se encuentra en etapa de precalificación de proponentes. Por el momento 102 compañías nacionales e internacionales manifestaron su interés en quedarse con la licitación. El Distrito deberá seleccionar a aquellos que cumplan con los criterios económicos y de experiencia para que puedan participar del concurso.
Una vez finalizado este proceso, en el primer trimestre del 2019 se abrirá oficialmente la licitación, y se espera que el contrato sea adjudicado a más tardar el 6 de agosto del próximo año (fecha del cumpleaños de Bogotá).
De igual forma, en diciembre del año siguiente se espera dar inicio a la obra por medio del traslado de redes y la adecuación del patio-taller del metro. Además, para esta fecha se habrá adquirido el 92% de los predios necesarios para avanzar en la construcción.
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Cabe recordar que la empresa a la que le sea adjudicado el contrato, que será una concesión, deberá encargarse de la financiación parcial del proyecto, así como la culminación de los diseños de detalle, la construcción de las obras, el suministro de los trenes y todas las instalaciones, así como la operación y mantenimiento del sistema por los años que dure la obligación contractual. El metro de Bogotá estaría listo para operar en 2024, según estimaciones del Distrito.
Batallas legales que se avecinan
Varios sectores han anunciado que acudirán a acciones legales con el fin de frenar con el proyecto, al considerar que no es beneficioso para la ciudad y que además cuenta con vicios de legalidad.
Uno de los puntos que más han causado polémica es el de la financiación. La Nación se comprometió a dar el 70% de los recursos, y el restante será dado tanto por el Distrito como por la empresa contratista. Sin embargo, una de las responsabilidades de la empresa que se quede con el contrato es que deberá finalizar los estudios a detalle.
Esto quiere decir que el costo de 13 billones que estima la administración podría aumentar una vez finalizados estos estudios. Los opositores al proyecto aseguran que esto podría ser el detonante para un gran caso de corrupción, ya que la obra se habrá adjudicado sin conocer su costo real.
