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Este viernes el Distrito firmó el acta de inicio de las obras con las que se instalará un nuevo sistema de semáforos inteligentes en toda la ciudad. Se trata de un proyecto que ha sido catalogado como de los más importantes para Bogotá, pero que ha estado envuelto en todo tipo de polémicas.
El contrato, de 173.000 millones de pesos, fue adjudicado en el mes de diciembre al consorcio Movilidad Futura 2050. Sin embargo, llevaba cinco meses suspendido luego de diferentes denuncias por falsedad documental por parte de una de las empresas que se ganó la licitación.
De esta forma, la Administración Distrital cumple con el plazo que el alcalde Enrique Peñalosa dio a mediados de junio, cuando aseguró que pese a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, los trabajos darían inicio en septiembre.
Mientras tanto, las autoridades continúan en labores para determinar si efectivamente se incurrió en el delito de fraude documental. Esto luego de que se revelara la empresa argentina Sutec, que posee el 99% de Movilidad Futura (el 1% estante es de la multinacional Simens), presentó balances financieros en Colombia en los que se comprobaba su solvencia económica, pero al tiempo, en Argentina, los documentos revelaban que tenía problemas financieros.
Para el Distrito, dada la magnitud y necesidad del proyecto de semaforización, las obras deben adelantarse de manera paralela a las investigaciones, en especial porque el proceso judicial puede tomar años en resolverse, y esperar un fallo terminaría perjudicando la movilidad de la ciudad.
El contrato fue firmado con el fin de instalar nuevos equipos en 1.420 intersecciones. Los nuevos semáforos deben incluir sensores en tiempo real para determinar el tráfico, por lo que se espera que de acuerdo al volumen de vehículos varíe el tiempo que dura cada luz. Además, habrá un cronómetro para que los peatones conozcan cuánto les queda para cruzar la calle.
Investigación contra secretario de Movilidad por semaforización
Hace unas semanas la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, porque habría incurrido en una violación al principio de planeación durante la licitación y adjudicación del contrato de semaforización inteligente de la ciudad, lo cual habría provocado un riesgo en las finanzas del Distrito.
Ante esto, Bocarejo se defendió diciendo: "Estamos muy tranquilos con el trabajo que se hizo, a nivel técnico, con especialistas fuertes en el tema tecnológico. Vamos a mostrarle a la Procuraduría que la ciudad no tiene ningún peligro de detrimento patrimonial".
Según el Ministerio Público, el patrimonio de la ciudad pudo estar en riesgo, ya que el secretario no habría definido el destino de 503 controladores semafóricos en poder de la administración, con un valor superior a los 13 mil millones de pesos, y que eran compatibles con el nuevo sistema de semáforos de Bogotá.
