maltrato infantil
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27 Abr 2021 05:42 PM

Pasa a sanción presidencial la ley 'antichancleta'

Quienes castiguen físicamente a los menores tendrán consecuencias penales.
Daniel Jerez
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@DanielJerezP

La plenaria del Senado aprobó por amplia mayoría la conciliación del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico como un método de corrección de los niños en el país. La iniciativa, que ya pasa a sanción presidencial, plantea que la violencia no puede ser una alternativa que utilicen los padres para enseñarle a los hijos, cuando se equivocan.  

La senadora ponente Paloma Valencia aclaró que esto no significa que habrá consecuencias penales para las personas que castiguen físicamente a los menores de edad, porque advierte que dicha figura es muy diferente al maltrato, que sí plantea sanciones en la legislación colombiana.

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Queda prohibido el castigo físico sin ninguna consecuencia para la patria potestad de los padres, pero sí con una gran estrategia que liderarán los padres de familia, quienes son los que deben definir los valores, los principios, las ideologías políticas de sus hijos y que en compañía del Estado orientarán un gran programa de pedagogía para que los padres que quieran educar a sus hijos, prescindiendo del castigo físico y generando disciplina, corrección y límites, puedan hacerlo con ayuda del Estado”, dijo.

Por su parte, el representante a la Cámara Harry González indicó que con esta nueva ley los padres tendrán un límite a la hora de corregir a los niños, lo cual representa un gran paso en un país como Colombia que ha sufrido tanto la violencia.

“Se establece una política pública que va a contribuir a que culturalmente cambia nuestro país y las familias conozcan métodos distintos al castigo físico en los modelos de corrección a los niños. Permanece la facultad de los padres de corregir a los hijos, solo que tienen un límite, no más cachetadas, no más pellizcos, no más coscorrones, no mas latigazos, no más planazos, no más castigo físico”, manifestó.

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Algunos congresistas no apoyaron este proyecto de ley argumentando que el Estado no se puede inmiscuir en el modelo de corrección que los padres establecen hacia los niños.