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En medio del primer pico de la pandemia, cientos de familias indígenas del Cauca y del Chocó arribaron a la capital del país en busca de oportunidades, luego de salir obligados de sus tierras en medio del conflicto armado que se vive en las zonas más apartadas del país.
Las entidades del Gobierno Nacional y Distrital les dieron ayudas por medio de giros monetarios para pagar arriendo y alimentación, asimismo subsidios y ayudas humanitarias.
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Los aborígenes embera se fueron a vivir al barrio Vista Hermosa en la localidad de Ciudad Bolívar, pero se les venció el contrato de arriendo y tuvieron que desalojar, razón por la cual llegaron a un edificio al centro de la capital.
“La población no queremos subsidios de arriendo porque no es puntual y es muy poquito $227.000 y no alcanza y ahora estamos aquí, amanecimos, dormimos, aguantando hambre, sol, sed y frió, siendo víctimas del conflicto armado y no nos han resuelto nada”, aseguró Mariano Campo Arce, representante de los pueblos indígenas del Chocó.
A simple vista, se observan niños de tres a seis años descalzos en el parque Santander en el centro de Bogotá, con la ropa llena de polvo, aguantando frío, hambre y sed, mientras juegan con la lluvia que cae sobre los árboles al mediodía.
Sus madres buscan la forma de alimentarlos y sus padres en reunión, tratando de planear cómo retornar a sus tierras de origen.
La Personería de Bogotá, por su parte, lideró la mesa de trabajo con la participación de las diferentes entidades del orden Distrital y Nacional tales como Procuraduría General de la Nación, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de integración social, ICBF, SAE, Defensoría y UARIV, entre otras, y verificó que si cumplieron con lo pactado y las ayudas.
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“Vienen hombres y mujeres de distintas edades, quienes llegan a Bogotá para reportar hechos victimizantes que les han ocurrido con el conflicto armado interno. Se evidenció el cumplimiento de los compromisos con las familias Embera, se evidenció que que hubo cumplimiento”, aseguró Patricia Villegas Personera delegada para la protección de víctimas del conflicto armado interno.
Por su parte la Secretaría del Hábitat expuso un informe en el que entregó 152 subsidios a familias de la comunidad indígena embera.
Por su parte, la Alta Consejería informó que entregó 290 medidas de arriendo sin contar el pago de inmediatez, de igual manera la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), que dice haber entregado información sobre las entregas de las ayudas humanitarias a las familias.
Finalmente, la Personería de Bogotá solicitó a la Procuraduría que se dé respuesta por parte de la Alcaldía de Bogotá sobre la precisión a la subdirección de asuntos étnicos y los requisitos de inclusión a la comunidad para el programa de la Bogotá solidaria.
