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La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por doce años al exsecretario de Ambiente Néstor García Buitrago y al exalcalde local de La Candelaria, Edilberto Guerrero Ramos, por contratar de manera directa, a través de un convenio de asociación con la Fundación Alma, por más de $543 millones, un servicio que debían adjudicar por medio de la modalidad de una convocatoria pública.
Según la Personería, los exfuncionarios contrataron el servicio de recuperación integral en el río San Francisco y las quebradas Padre de Jesús, Mochón del Diablo y San Bruno. La Secretaría de Ambiente aportó $294 millones, la Alcaldía de La Candelaria $200 millones y la Fundación Alma $49 millones. El plazo inicial fue de 8 meses.
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Sin embargo, la Personería encontró que el convenio fue prorrogado durante su ejecución por 45 días; luego se extendió a tres meses más y tuvo una adición por un monto de más de $161 millones.
De acuerdo con el fallo, la figura del convenio de asociación sólo debe ser utilizada de manera excepcional y especial para que un particular, que tiene toda la experiencia, infraestructura y capacidad, pueda realizar actividades relacionadas con el cometido y funciones de la entidad pública.
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"Pese a ello, en el convenio se establecieron unas instrucciones precisas las cuales desnaturalizan la figura del convenio de asociación. Se demostró que debió ser adjudicado a través de una convocatoria pública y se eludieron los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal", señala la Personería.
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