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El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que la regulación frente al uso de capuchas por parte de manifestantes, al igual que las pólizas ante eventuales daños causados en las jornadas de protesta, se deben tramitar a través de una ley estatutaria en el Congreso de la República.
El funcionario señaló que las reuniones que se han tenido recientemente con representantes del Gobierno Nacional, buscan mejorar la confianza entre los manifestantes y la fuerza pública.
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En ese sentido, indicó que la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la de buscar una forma de mediar y superar los choques entre la fuerza pública y la sociedad civil.
"Hemos desarrollado reuniones el día de ayer con la Presidencia la República y esto hace parte de una orden de la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien ordena básicamente, cambiar, moderar y reducir el antagonismo entre la sociedad civil y los manifestantes", indicó.
El funcionario sostuvo en RCN Radio que "se deben emprender acciones para modificar el procedimiento policial en el manejo de la protesta social, pero también señalar que es muy importante saber qué medidas se van a tomar de manera conjunta, para reducir ese antagonismo".
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En ese sentido, el secretario de Gobierno consideró que hay que tener en cuenta soluciones no solo en el corto plazo, "hay que tratar los síntomas de una expresión de malestar, que está originando dicha protesta".
Finalmente, concluyó que "se trata de una reiteración de abuso policial que no ha tenido esclarecimiento. No hay sistema de verdad y sí hay impunidad y esto requiere una solución de fondo. Hay que entender que en la circunstancia actual, se debe pensar en un plan que ayude a aliviar la situación de los jóvenes que se están muy golpeados por el efecto económico y social que deja la pandemia de la COVID-19".
