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La Secretaría de Gobierno de Bogotá denunció que fueron detectadas presuntas irregularidades en la gestión contractual de las Alcaldías locales en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que debido a estas irregularidades están en riesgo cerca de 90 mil millones de pesos por posibles procesos indebidos en la contratación de infraestructura en tres localidades.
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El funcionario señaló que dentro de las presuntas acciones ilegales, se identificó la concentración de proveedores en los fondos de desarrollo local, por un monto que supera los 50 mil millones de pesos.
“Se encontró qué en manos de dos personas claramente relacionadas, está concentrada la contratación de los fondos de desarrollo local para la prestación de bienes y servicios relacionados con cultura, recreación y deporte. Del 2010 al 2019 al señor Carlos Alberto Pinzón Molina y a la señora Viviana Carolina Melo Díaz, en ocasiones como personas naturales y en otras como empresas asociadas o uniones temporales, se les adjudicaron 222 contratos en las Alcaldías locales, por un total de 50.049 millones de pesos”.
Además, se evidenció una mala planificación para algunas actividades que se debían desarrollar, como por ejemplo las actividades deportivas previstas para los niños en temporada de vacaciones, lo que llevó a justificar las prórrogas y/o suspensiones de los contratos de manera reiterada.
La Secretaría de Gobierno evidenció irregularidades en la celebración de un contrato de la Alcaldía Local de Fontibón, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la alcaldesa saliente Jhoanna Paola Bocanegra y el Sistema Universitario del Eje Cafetero, para adelantar obras de la malla vial y en la plaza fundacional de Fontibón, el cual debía adelantarse por licitación pública.
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En la Alcaldía de Puente Aranda, llevan 4 años elaborando los estudios y diseños para la construcción de la sede y aún no se han recibido a satisfacción. Sin embargo, sin los estudios, en el 2017 se firmó un convenio por $25 mil millones con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, para la estructuración y desarrollo del proyecto de construcción.
“Aquí se encontraron dos motivos de alerta. En primer lugar, la propuesta fue por $22.630.433.000, pero se suscribió por $25.197.137.249, sin ninguna justificación. Por otra parte, se continúa pagando en virtud del convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria, gastos administrativos y de ejecución de un proyecto que no ha podido iniciar”, dijo el secretario Luis Ernesto Gómez.
