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La Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la solicitud de medidas cautelares para suspender la licitación pública internacional para seleccionar el consorcio que construirá y operará el tramo uno de la primera línea del metro de Bogotá.
El alto tribunal también negó la suspensión provisional del documento Conpes 3900 de 2017 expedido por el Concejo de Bogotá, señalando que no existe prueba sobre una “presunta vulneración al ordenamiento jurídico”.
El máximo tribunal de los contencioso administrativo dejó en firme el Acuerdo Distrital 691 de 2017, por medio del cual el Concejo autorizó las transferencias de dinero para el proyecto en las vigencias futuras comprendidas entre 2018 y 2041.
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En el fallo se indica que no existen pruebas para afirmar que en las condiciones en que fueron aprobadas las vigencias futuras para el proyecto van "a generar un desorden en la ejecución presupuestal, tal como lo afirman los demandantes, o que resulte comprometida a la sostenibilidad fiscal del Distrito".
La Alcaldía de Bogotá informó a través de un comunicado que con la decisión se aseguran los recursos a favor de la Empresa Metro de Bogotá. “El gerente de la EMB, ingeniero Andrés Escobar, celebró la decisión de la alta corte y reiteró el compromiso de la empresa con el rigor legal, técnico y financiero. “Tenemos un gran equipo y, además, el apoyo jurídico de la Alcaldía Mayor y del Gobierno nacional".
La decisión se tomó en el marco del estudio de una demanda que busca tumbar el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo - primera línea del metro de Bogotá.
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La demanda fue presentada por varios concejales miembros de la bancada del Polo Democrático que denunciaron irregularidades en la ejecución del Conpes 3900 por el cual se declaró la ejecución del proyecto.
El pasado 28 de junio la Alcaldía de Bogotá abrió oficialmente la licitación para adjudicar el contrato de construcción de la primera línea del metro elevado, que contará con más de 24 kilómetros de recorrido y que estaría listo en el año 2025.
