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Este anuncio de admisibilidad abre un proceso en esta Corte, que fallaría en el primer semestre de 2017 y que obligaría al Estado colombiano a retirar la sanción en contra del exalcalde de Bogotá, así como a modificar las facultades de entes administrativos como la Contraloría y la Procuraduría para retirar derechos políticos.
Además, los abogados presentarán una solicitud frente a este tribunal para ampliar las medidas cautelares que tiene actualmente Petro ante la decisión de la Contraloría de Bogotá, por la reducción de las tarifas de Transmilenio.
"No es que no se pueda investigar a un Alcalde o un Gobernador, o que la Contraloría no pueda hacer control fiscal. Lo que no les está permitido es quitar derechos políticos", afirmó Petro.
Por último, el exmandatario de los capitalinos indicó que aunque no confirmó su aspiración presidencial para las próximas elecciones, dijo que esta decisión cobija su posible inscripción como candidato.
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