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“Las autoridades colombianas deben garantizar la seguridad de los 14 miembros restantes de la junta del consejo comunitario y sus aproximadamente 70 miembros de la familia. Esto significa fortalecer las medidas de seguridad para aquellos que ya reciben algún tipo de protección e inmediatamente otorgar medidas para quienes no lo hacen”.
Según Wola, el reciente asesinato de Jairo Cortés, miembro del consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, puede aumentar el riesgo de que la comunidad que allí habita huya de la zona, convirtiéndose en desplazados internos.
Además la organización indicó que la protección de los líderes de derechos humanos en Colombia es una prueba crítica para el éxito a largo plazo del acuerdo de paz que se estableció con las Farc.
COMUNICADO COMPLETO WOLA:
"Washington, DC - El 17 de octubre, perpetradores no identificados mataron a Jairo Cortes, destacado líder de grupos comunitarios afrocolombianos en Tumaco, departamento de Nariño, una de las zonas más conflictivas de Colombia. Cortés fue uno de los líderes del Consejo Comunitario Afro-Colombiano de Alto Mira y Frontera, y también ayudó a apoyar el trabajo que el programa de bienestar social de la Iglesia Católica de Colombia realizó en el área. Los informes desde el terreno indican que la dirección de este consejo comunitario se ha visto amenazada después de que denunciaron múltiples abusos contra los derechos humanos que ocurrieron en Tumaco, incluida la masacre de manifestantes civiles del 5 de octubre.
Las autoridades colombianas deben garantizar la seguridad de los 14 miembros restantes de la junta del consejo comunitario y sus aproximadamente 70 miembros de la familia. Esto significa fortalecer las medidas de seguridad para aquellos que ya reciben algún tipo de protección e inmediatamente otorgar medidas para quienes no lo hacen. El asesinato de Cortés aumenta el riesgo de que toda la comunidad de Alto Mira y Frontera huyan de la zona debido a preocupaciones de seguridad y, por lo tanto, se conviertan en desplazados internos. Si bien Colombia inició una investigación liderada por la Fiscalía General y hasta ahora ha suspendido a cuatro policías desde la masacre del 5 de octubre, las autoridades deben hacer más para priorizar la protección de los líderes comunitarios amenazados y otros civiles en Tumaco. La capacidad del gobierno para proteger a los defensores de los derechos humanos -especialmente aquellos en áreas que han sido más afectadas por el conflicto- es una prueba crítica para el éxito a largo plazo del proceso de paz de Colombia.
El 5 de octubre, las fuerzas de seguridad antinarcóticos mataron al menos a ocho civiles además de herir a muchos otros en Tumaco. Los manifestantes expresaron su descontento con la forma en que el gobierno colombiano está erradicando por la fuerza la coca sin cumplir con los términos encontrados en el capítulo sobre drogas del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tres días después, la policía disparó contra una Comisión Humanitaria, que incluía a representantes de grupos religiosos y de derechos humanos, como la Comisión Intereclesial para Justicia y Paz, que ingresaron al área para investigar la masacre. Hoy, WOLA recibió informes de otra posible Masacre de seis a ocho personas en la región de El Charco de Nariño. Hasta el momento, no está claro qué ocurrió y si este incidente está relacionado con la masacre del 5 de octubre u otros abusos contra los derechos humanos en el área."
