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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la vicepresidenta de Colpensiones, María Elisa Morón, por los supuestos sobrecostos que se habrían registrado en la firma de un contrato para un contact center.
El organismo además buscará establecer si otros tres directivos de esa entidad están relacionados en los sobrecostos para el centro de atención y los suministros de trabajo para los funcionarios vinculados a esa sección de Colpensiones.
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La delegada señaló que según denuncias de medios de comunicación, los funcionarios habrían participado en la suscripción de contratos a los que se les hicieron prórrogas y en los que en algunos casos se adicionaron recursos que superaron el 50 % del valor inicial.
La Procuraduría resaltó que al parecer, esas extensiones y la superación del valor inicial, habrían sido aprobadas por los directivos, sin tener una justificación legalmente razonable que sustentara la necesidad de esas decisiones.
Los directivos relacionados en este caso son Sergio Andrés Gómez, el vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información y al gerente administrativo, Wilson Fernando Melo Velandia, todos con asignación de funciones de vicepresidente de Gestión Corporativa.
La denuncia se dio a conocer en medio de un debate de control político, en el que la senadora Paloma Valencia acusó que el contrato de contact center tuvo un aumento en su valor del 140%.
"En este 2023 se contrató para 24 meses un contact center de 65 mil millones, cuando en 2020 el mismo contrato había costado 25 mil millones, un aumentico de 140% y uno se pregunta ¿este componente es distinto al anterior? Y con los contratos nos dimos cuenta de que es lo mismo", afirmó la congresista.
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La Procuraduría ordenó la practica de pruebas para determinar si la vicepresidente y los demás directivos incurrieron en faltas que conllevarían a sanciones disciplinarias.
