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La Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina) advirtió sobre los riesgos que representa la suspensión de las actividades de pesaje de vehículos de carga en el corredor vial Bogotá–Villavicencio. La decisión fue adoptada tras un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes del denominado “Comité del Paro vía Bogotá–Villavicencio”, firmado el 30 de septiembre de 2025.
Según el acta del acuerdo, la báscula ubicada en el kilómetro 25+351 permanecerá cerrada hasta queconcluyan las obras en el kilómetro 18 de la vía. Durante ese tiempo, solo las cargas pesadas y extradimensionadas serán pesadas si la Policía de Tránsito así lo determina.
Coviandina señaló que esta medida elimina la obligatoriedad de los transportadores de someterse al pesaje y deja en manos de la autoridad policial la decisión de controlar o no el cumplimiento de esta obligación.
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La concesionaria argumenta que esta suspensión implica un “grave riesgo” para la infraestructura, especialmente en los puentes metálicos de Naranjal, Susumuco y Aserrío. Afirma que el tránsito de vehículos con sobrepeso puede acelerar el deterioro de estas estructuras y generar responsabilidades patrimoniales en caso de daños.
En varios comunicados previos, Coviandina y la interventoría del proyecto habían advertido sobre problemas estructurales en los puentes. En el Puente Aserrío se identificaron fisuras transversales y socavación en las bases, con riesgo de colapso en caso de un sismo. En el Puente Susumuco se concluyó que requiere reforzamiento o reemplazo para cumplir con las normas actuales de diseño. Por su parte, el puente metálico provisional instalado en la quebrada Naranjal presenta limitaciones de carga que hacen necesario un control estricto del tránsito.
En septiembre de 2025 se pesaron 40.086 vehículos, equivalentes al 59,2 % del total de carga pesada que circuló por el corredor. De estos, 83 presentaban sobrepeso. Coviandina sostiene que el sistema de pesaje es una obligación establecida por la normativa nacional y no puede ser suspendida por acuerdos entre entidades sin competencia regulatoria y particulares.
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La empresa reiteró que la medida afecta la operación y el mantenimiento de la vía y responsabilizó a la ANI de cualquier incidente que se presente por esta causa. Finalmente, manifestó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones técnicas y jurídicas que garanticen la seguridad de la infraestructura y los usuarios.
