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La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, se refirió al anuncio de Uber de la posibilidad de entablar una demanda en contra del Estado colombiano, tras la decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de bloquear a la plataforma.
"Esta carta que ha enviado Uber no cambia las circunstancias porque nosotros, independiente a ese proceso, lo que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo es supervisando los servicios que se han prestado y los que no (...) Lo que tenemos que verificar es que las empresas que prestan el servicio público de transporte cumplan con las condiciones", señaló Valderrama.
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De acuerdo con la Superintendenta, sobre el caso de Uber recordó que "hubo una orden en el año 2016 donde se indicaba que debía cesar con la promoción y la divulgación sobre la publicidad del servicio de transporte no autorizado. Y, en estos términos, se comprobó que la orden no ha sido cumplida y por eso es que se tomó la decisión de producir una sanción".
Valderrama explicó a LA FM que la situación es de carácter legal y el Congreso de la República es el que debe determina cuál es el marco legal para el servicio público del transporte.
"Por eso, en estos momentos, adquieren una relevancia especial los proyectos de ley que están cursando en el Congreso y ahí es donde haremos parte activa de los procesos legislativos", dijo.
Indicó que se convirtió en un reto para el legislativo poder generar unas reglas específicas de manera que absolutamente todos los colombianos conozcan cómo se debe prestar el servicio público de transporte.
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Entre los argumentos que ha entregado la multinacional Uber para defenderse de la decisión adoptada el pasado 20 de diciembre por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es que Colombia estaría violando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Señalan que "en consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado”.
Además, la compañía calificó como arbitraria y discriminatoria la decisión, argumentando que fue "impulsada por presiones políticas: las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”.
