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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó a la Superintendencia de Notariado y Registro al proceso que adelanta para decidir si ordena las medidas cautelares para proteger los bienes entregados por las Farc tras su desmovilización.
En consecuencia, la JEP le dio diez días a la Superintendencia para que entregue un reporte detallado sobre el inventario de bienes y activos de las Farc, teniendo en cuenta que esa entidad, junto con la Fiscalía, halló terrenos que pertenecían a las Farc y estaban, por ejemplo, a nombre de terceros bajo la modalidad de testaferrato.
La Supernotariado también posee información sobre terrenos de los que se adueñaron las Farc de manera ilegal, como zonas baldías o parques naturales.
Además, la JEP tuvo en cuenta que el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, hizo declaraciones a los medios en las que asegura que esa exguerrilla no entregó los bienes que verdaderamente tiene, pues "ocuparon baldíos de la Nación, despojaron tierras, ocuparon parques naturales, deforestaron todos estos parques naturales y sembraron coca en ellos”.
Antes de tomar una decisión sobre los bienes que servirán para reparar a las víctimas, la JEP debe establecer con exactitud cuáles pertenecen a las antiguas Farc.
Por eso, el pasado 21 de agosto, la Jurisdicción vinculó a este mismo proceso a la Fiscalía, la Contraloría, la SAE, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Inpec, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y a Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.
