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Una nueva polémica se abre en el Caribe colombiano por los cobros adicionales en las facturas de energía eléctrica, luego de que un establecimiento comercial en Soledad, Atlántico, recibiera una sanción de $10.866.000 por superar la meta de ahorro energético, pese a haber reducido su consumo en más del 30% frente al mes en el que registró su mayor demanda.
La situación fue expuesta por el abogado Jorge Panza, representante de los empresarios afectados, quien cuestionó los efectos económicos de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la cual se estableció un programa transitorio de ahorro de energía ante los riesgos de abastecimiento asociados al fenómeno de El Niño.
El jurista advirtió que la aplicación de esta medida podría convertirse en un obstáculo para la apertura de nuevos establecimientos comerciales, la expansión de las empresas y la generación de empleo en la región Caribe.
Una factura de $31 millones y un cobro adicional de casi $11 millones
Uno de los casos que genera preocupación es el de Gigante del Hogar, establecimiento que inició operaciones en junio en el centro comercial Nuestro Atlántico, en Soledad.
Según explicó Panza, durante agosto el negocio registró un consumo superior a los 23.000 kilovatios hora (kWh). Sin embargo, después de implementar medidas internas para ahorrar energía, en septiembre redujo su consumo a aproximadamente 16.000 kWh y mantuvo ese nivel en octubre, con una nueva disminución cercana al 2% frente al mes anterior.
Pese a esa reducción, la empresa recibió en octubre una factura por $31.433.000, de los cuales $10.866.000 correspondían al cobro adicional derivado del programa de ahorro energético.
“¿Cómo es posible que un establecimiento comercial reduzca su consumo de energía en más de un 30% y aun así termine recibiendo un cobro adicional de casi 11 millones de pesos por superar la meta de ahorro?”, cuestionó el abogado.
Para el representante de los empresarios, el caso evidencia una dificultad en la metodología utilizada para calcular las metas de consumo, especialmente cuando se trata de negocios que llevan pocos meses de funcionamiento.
El problema estaría en el consumo histórico de los establecimientos
Panza explicó que la regulación toma como referencia una mediana calculada a partir de los consumos históricos de los usuarios. Cuando se supera la meta establecida en más de un 10%, se genera un cobro adicional por la energía excedente.
De acuerdo con el abogado, para los establecimientos comerciales e industriales este cobro incorpora un componente adicional que, según su explicación, puede representar entre el 60% y el 70% de la tarifa de referencia.
El problema, señaló, aparece cuando la historia de consumo incluye periodos en los que el establecimiento todavía no operaba normalmente, por ejemplo, cuando el local permanecía desocupado o se encontraba en proceso de adecuación.
En esos casos, el consumo histórico puede ser considerablemente inferior al que necesita el negocio una vez inicia sus actividades comerciales.
“Que una empresa esté creciendo no significa que esté desperdiciando energía”, sostuvo Panza, al insistir en que el incremento del consumo puede responder a la apertura de nuevos servicios, la instalación de equipos y el aumento de la actividad comercial.
Advierten impacto en la inversión y el empleo
El abogado manifestó que las necesidades energéticas de los establecimientos comerciales del Caribe deben analizarse teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, las temperaturas, los horarios de funcionamiento y las características de cada actividad económica.
En particular, señaló que el aire acondicionado y los equipos de refrigeración son indispensables para numerosos negocios, por lo que sus consumos no pueden evaluarse sin considerar las condiciones en las que operan.
“Ahorrar no puede significar desconocer la realidad económica, empresarial y climática de la Costa Caribe”, afirmó.
El jurista también advirtió que los cobros adicionales podrían comprometer los recursos que los empresarios destinan a la contratación de trabajadores, la ampliación de sus negocios y la puesta en marcha de nuevos establecimientos.
“¿Qué puede hacer Gigante del Hogar con 10 millones de pesos? Puede pagar tres empleados, puede reinvertirlo”, expresó el abogado.
Piden revisar la metodología de las metas de ahorro
Panza insistió en que el objetivo de promover el uso eficiente de la energía es necesario, pero consideró que la metodología debe contemplar situaciones particulares, como la apertura reciente de un establecimiento, el aumento de su capacidad operativa o las diferencias entre los tipos de negocios.
Como ejemplo, planteó que no debería utilizarse una misma referencia de consumo sin considerar las características de una tienda de barrio y las de un establecimiento de mayor tamaño, como Gigante del Hogar.
“Esa fórmula matemáticamente está correcta y bien aplicada, sin embargo, no representa las necesidades reales de Gigante del Hogar”, señaló.
La preocupación de los empresarios se centra en que una medida diseñada para incentivar el ahorro energético termine generando costos adicionales para negocios que han reducido su consumo, pero que no cuentan con un historial de operación que refleje sus necesidades actuales.
Por ahora, el caso expuesto por el abogado pone sobre la mesa el debate sobre la aplicación de las metas de ahorro energético en el Caribe colombiano y sus posibles consecuencias para la inversión privada, la actividad comercial y el empleo.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Por qué fue sancionado Gigante del Hogar si redujo su consumo de energía?
Según el abogado Jorge Panza, el cobro se originó porque la metodología de la regulación compara el consumo con una meta basada en registros históricos, que en este caso incluirían periodos anteriores al funcionamiento normal del establecimiento. Por eso, la reducción frente al consumo máximo reciente no habría evitado el cobro adicional.
¿Cuánto tuvo que pagar el establecimiento comercial?
Gigante del Hogar recibió una factura de $31.433.000 en octubre. De ese valor, $10.866.000 correspondían al cobro adicional asociado al programa de ahorro energético establecido por la CREG.
¿Qué establece la regulación cuestionada por los empresarios?
De acuerdo con la explicación del abogado, la Resolución 101120 de 2026 establece un programa transitorio de ahorro de energía y utiliza referencias de consumo histórico para determinar las metas. Cuando un usuario supera la meta en más de un 10%, puede generarse un cobro adicional por la energía excedente.
¿Cómo podrían afectar estas sanciones a las empresas del Atlántico?
Según Panza, los cobros adicionales podrían reducir los recursos disponibles para contratar trabajadores, invertir en equipos, ampliar operaciones y abrir nuevos locales comerciales. El abogado considera que se deben revisar las particularidades de cada establecimiento para evitar que el programa de ahorro se convierta en un obstáculo para el desarrollo empresarial de la región.
